El objetivo de la actividad, que se enmarca dentro de un convenio de colaboración entre CERMI, la Fundación ONCE y la propia Abogacía Española, es formar a las abogadas y abogados del turno de oficio en esta materia para conseguir que la participación de las personas con discapacidad sea plena y efectiva.

 

El curso, que comienza este martes y tendrá una duración de un mes, profundizará en la normativa relacionada, así como en su aplicación en las diferentes jurisdicciones, ya que esto supone un requisito indispensable para una adecuada asistencia legal. De hecho, el turno de oficio, que normalmente atiende a las personas más vulnerables, debe conocer las circunstancias y mecanismos de defensa para garantizar su protección.

 

Precisamente, este curso da respuesta a las Observaciones Generales dirigidas a España del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, con el fin de asegurar que el acceso a la justicia para las personas con discapacidad se haga efectivo en igualdad de condiciones que para al resto de la ciudadanía, así como garantizar el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva de estas personas. Ello implica, entre otras cosas, reformas legislativas para que las normas sean adecuadas, ajustes en procedimientos y protocolos policiales y judiciales o la universalización de la accesibilidad a las comunicaciones y a las instalaciones de las que estas personas puedan ser usuarias.

 

Durante la inauguración de estos cursos, el presidente de CERMI Estatal, Luis Cayo Pérez Bueno, ha resaltado “el carácter de la Abogacía como aliada firme de los derechos de las personas con discapacidad, ya que es la profesión jurídica más cercana, ágil y comprometida con esta parte de la ciudadanía”.

 

Por su parte, la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega Benito, ha manifestado este curso es “una manifestación de la apuesta de la Abogacía por mantener a la profesión a la vanguardia de los derechos de los ciudadanos que tienen algún tipo de discapacidad, advertida la persistencia de dificultades para este colectivo”.

 

Además, también ha hecho referencia a la Convención y ha destacado la importancia de la misma, ya que “nos sitúa a los abogados en la obligación de garantizar la participación plena, efectiva y en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad en la sociedad, ya que estas son acogidas por el ordenamiento como titulares de derecho en toda su extensión”.

 

Por último, la coordinadora del Grupo de Discapacidad del Consejo, Eva M. Ribó Fenollós, ha descrito la metodología de la formación -siete módulos temáticos, nueve sesiones y tres talleres prácticos-, que combina teoría y práctica que “aglutina el contenido mínimo para formar parte del turno de oficio especializado de los Colegios de Abogados” y ha adelantado que en abril habrá ya una segunda edición debido a su gran acogida.

 

El Consejo General de la Abogacía Española cuenta con el apoyo y la participación de las principales organizaciones sociales del ámbito de la discapacidad en el plano estatal para la realización de este curso, como Fundación ONCE y Plena Inclusión, que nace con la intención de reforzar la calidad de la defensa de los derechos de todas las personas con discapacidad.